Voces de Reflexión

La encrucijada de la justicia en Bolivia

Por: Juan Carlos Pérez

Bolivia vive una coyuntura política marcada por una profunda crisis en el sistema judicial. A medida que se acercan las elecciones judiciales, previstas para diciembre de este año, se han intensificado las críticas hacia el estado de la justicia en el país. Para muchos ciudadanos, la falta de independencia de los jueces y magistrados frente a los intereses políticos es un problema que se arrastra desde hace décadas. Las recientes denuncias de corrupción, parcialidad en los fallos y la falta de celeridad en la resolución de casos han minado la confianza pública en las instituciones judiciales, llevándolas a un nivel crítico. Este contexto ha despertado en la población una inquietud latente sobre la transparencia y la eficacia de los nuevos procesos de selección judicial, impulsados ​​por el gobierno actual.

El proceso electoral judicial en Bolivia es único en la región, pues se escoge a las principales autoridades de los tribunales mediante el voto popular. Aunque en principio esto podría ser un modelo innovador de participación ciudadana, la realidad ha demostrado que el sistema está lejos de cumplir sus objetivos iniciales. Al someter la elección a un proceso político, la credibilidad de los candidatos queda comprometida desde el principio. Los críticos aseguran que las listas de aspirantes carecen de legitimidad, ya que en muchas ocasiones los candidatos son personas afines al partido en el poder o con vínculos estrechos con ciertos sectores políticos. Así, el sistema judicial electoral ha servido, en varios casos, como una herramienta de control político, en lugar de promover una justicia imparcial y autónoma.

La falta de independencia judicial tiene graves consecuencias para la democracia boliviana. En un contexto donde el poder judicial debería actuar como un contrapeso al poder político, el escenario actual permite que el Estado ejerza una influencia considerable sobre los tribunales. Esto debilita los derechos y garantías de los ciudadanos, pues el riesgo de una justicia selectiva y politizada aumenta considerablemente. De hecho, en casos donde la oposición política se ha visto implicada, muchos han denunciado que los procesos judiciales han sido utilizados como instrumentos de persecución. Esta percepción afecta de manera directa la confianza de los ciudadanos en el sistema y propicia una cultura de desconfianza y miedo que puede erosionar los principios democráticos del país.

La solución a esta crisis no es sencilla. Se necesitan reformas profundas que garanticen un sistema judicial independiente y profesional, lejos de intereses partidistas y leales únicamente a los principios de justicia y equidad. Algunos expertos proponen la creación de un consejo independiente que seleccione a los jueces y magistrados con criterios de mérito y transparencia, sin intervención política. Otros sugieren que el voto popular para cargos judiciales debería ser repensado para evitar la politización de la justicia. Sin embargo, cualquier cambio profundo dependerá de la voluntad de todos los actores políticos y de la presión que la ciudadanía esté dispuesta a ejercer. La justicia boliviana está en una encrucijada, y el país enfrenta un desafío crucial: o se construyen las bases para una justicia independiente, o se corre el riesgo de perpetuar un sistema que sacrifica los derechos de los ciudadanos en nombre de intereses políticos.