Las elecciones judiciales y la pugna por la justicia en Bolivia

Crónica

Por: Juan Carlos Pérez

El 10 de agosto de 2024, Bolivia comienza a prepararse para una nueva elección judicial, un proceso que se repite cada seis años y que permite a los ciudadanos elegir directamente a los magistrados de las máximas instancias judiciales del país. Este método único de selección es una peculiaridad en el sistema boliviano y, aunque en teoría promete democratizar el acceso a la justicia, su implementación ha sido motivo de controversia y críticas. Este año no es la excepción: la campaña electoral ha estado marcada por denuncias de injerencia política, cuestionamientos a los candidatos y crecientes dudas sobre la transparencia de los procedimientos.

A medida que avanzan las semanas, el 25 de septiembre de 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publica la lista oficial de candidatos para los distintos tribunales, y el descontento ciudadano no tarda en aparecer. Algunos de los nombres incluidos están vinculados a sectores del gobierno, lo que genera sospechas de favoritismo y motiva manifestaciones en varias ciudades del país. Los líderes de la oposición y organizaciones de la sociedad civil exigen mayor transparencia, argumentando que muchos candidatos carecen de la independencia necesaria para ejercer un cargo en el poder judicial. Sin embargo, el proceso continúa, y las críticas no logran detener la maquinaria electoral.

El 5 de octubre de 2024, la campaña se intensifica, con candidatos recorriendo el país para presentar sus propuestas y responder a preguntas sobre su independencia. Sin embargo, el ambiente se vuelve cada vez más polarizado. Mientras algunos candidatos prometen reformas y mayor transparencia, otros son abiertamente cuestionados por su afinidad a ciertos partidos políticos, incluyendo aquellos en el poder. En un acto en la ciudad de La Paz, un grupo de abogados critica públicamente la falta de garantías en el proceso, mientras algunos candidatos, visiblemente incómodos, intentan defender su postura. Este episodio evidencia una fractura dentro del gremio legal y deja en claro que el país sigue dividido en torno a la selección de sus máximas autoridades judiciales.

El 20 de octubre de 2024, las dudas sobre el proceso de selección alcanzan su punto máximo. Diversos colectivos ciudadanos organizan marchas y concentraciones en La Paz y Santa Cruz, exigiendo la postergación de las elecciones hasta que se garantice la transparencia. Las redes sociales se llenan de mensajes de frustración, y el hashtag #JusticiaIndependiente se convierte en una tendencia. Ante esta presión, el gobierno hace un llamado a la calma y asegura que el proceso es legítimo y que se están tomando medidas para garantizar la imparcialidad. Sin embargo, en el fondo, la percepción de que la justicia sigue siendo un instrumento del poder político persistente entre la población.

Con las elecciones judiciales a solo semanas de celebrarse, el 10 de noviembre de 2024, la tensión en el ambiente político sigue en aumento. El TSE reafirma su compromiso con un proceso transparente, pero las denuncias no cesan, y los medios de comunicación destacan el creciente número de observadores internacionales que llegarán al país para vigilar el evento. Los ciudadanos se encuentran en una encrucijada: votar por candidatos de los cuales desconfían o abstenerse, arriesgando la posibilidad de una elección poco representativa. En este contexto, el país enfrenta un dilema crucial que marcará el rumbo de su justicia en los próximos años.

Bolivia atraviesa una coyuntura que definirá el futuro de su sistema judicial. El destino de la justicia boliviana parece pender de un hilo, y los próximos días serán decisivos. Si las autoridades no logran recuperar la confianza de la ciudadanía, el resultado de estas elecciones podría ahondar aún más la división y la desconfianza en las instituciones. En un país donde la justicia ha sido siempre un tema de pugnas y tensiones, esta elección no es solo un evento político más: es una prueba de si Bolivia está realmente dispuesta a construir un sistema judicial justo, libre de interferencias y capaz de responder a las necesidades de su pueblo.