La inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional en Bolivia: entre la crisis democrática y las lecciones no aprendidas

Por:

-Hugo David Vedia Frías

-Silvia Natividad Chipana Tintaya

-Claudio Cristofer Caballero Calle

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha sido protagonista de una serie de decisiones que han puesto en entredicho su legitimidad y su capacidad de actuar como garantía del Estado de derecho. Uno de los episodios más emblemáticos fue la controvertida Sentencia Constitucional 084/2017, que habilitó al expresidente Evo Morales a postularse para un cuarto mandato consecutivo, pese al rechazo ciudadano expresado en el referendo del 21 de febrero de 2016. En ese fallo, el TCP justificó la reelección indefinida como un "derecho humano" supuestamente respaldado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, una interpretación que no solo fue ampliamente criticada a nivel interno, sino también desmentida posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 2021.

Esta decisión de 2017, más allá de la controversia jurídica, marcó un punto de inflexión en la percepción pública del TCP. Lo que debía ser un órgano independiente y protector de la Constitución fue visto como un actor más del escenario político, instrumentalizado para perpetuar el poder de un líder. No sorprende que esto se tradujera en una crisis de legitimidad que persiste hasta hoy. Según un informe del Latinobarómetro de 2023, más del 70% de los bolivianos desconfían del sistema judicial, con el TCP incluido, lo que evidencia el impacto prolongado de estas decisiones polémicas.

En un intento de corregir el rumbo, el TCP emitió en 2023 la Sentencia Constitucional 1010/2023, que anuló la interpretación de 2017 y declaró que la reelección indefinida no es compatible con la Constitución ni con los principios democráticos. Este fallo fue aplaudido por algunos como una señal de recuperación institucional, pero también fue interpretado por sectores opositores como una maniobra política dirigida a debilitar a Evo Morales, figura clave en el Movimiento al Socialismo (MAS) y aún influyente en la política boliviana. La narrativa de que el tribunal actúa según los intereses del gobierno de turno sigue vigente, lo que refuerza la percepción de parcialidad.

La inconstitucionalidad del TCP no radica exclusivamente en sus fallos, sino en la falta de independencia y transparencia con la que se toman estas decisiones. El problema se agrava por un sistema de selección de magistrados altamente politizado, donde los candidatos son propuestos por el Legislativo, controlado históricamente por mayorías políticas. Este mecanismo se ha convertido al TCP en un espejo de las pugnas partidarias, en lugar de un árbitro imparcial.

De cara al futuro, Bolivia enfrenta un desafío crítico: reformar profundamente su sistema judicial para garantizar la independencia del TCP y restaurar la confianza de la ciudadanía. Esto implicaría no solo revisar el proceso de selección de magistrados, sino también fortalecer los mecanismos de control y supervisión institucional. Sin estas reformas, el TCP seguirá siendo percibido como una herramienta del poder político, lo que pondrá en riesgo la estabilidad democrática del país.

Si no se toman medidas contundentes, el escenario más probable es un ciclo perpetuo de crisis institucionales, donde cada nuevo gobierno utiliza al TCP para consolidar su agenda, erosionando aún más las bases de la democracia boliviana. Por el contrario, un TCP independiente y fortalecido podría convertirse en un pilar fundamental para garantizar la alternancia en el poder, proteger los derechos ciudadanos y consolidar un sistema democrático robusto y funcional.

La historia reciente del TCP es una advertencia de los peligros de la politización de las instituciones. Mientras Bolivia se acerca a un nuevo ciclo electoral, la capacidad del país para aprender de estas lecciones será determinante para su futuro democrático.