"ENTRE MANIPULACIÓN Y ESPERANZA: LA ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL EN LA TORMENTA POLÍTICA DE BOLIVIA"

Crónica

Por: Hugo David Vedia Frias

La elección del nuevo Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca Montenegro, el pasado 21 de octubre, ha dejado al descubierto las tensiones políticas y la fragilidad del sistema judicial en el país. En un contexto marcado por acusación de manipulación, corrupción y luchas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), la designación de Mariaca genera inquietud entre diversos sectores de la sociedad. Esta situación se agrava ante el creciente escepticismo hacia las instituciones estatales, lo que plantea serios interrogantes sobre la independencia de la Fiscalía y su capacidad para actuar como garantía de la justicia.

Desde el inicio del proceso electoral, las divisiones en la bancada oficialista se hicieron evidentes. Los intentos de algunos legisladores por favorecer a un candidato específico reflejan la lucha por el control de las instituciones, lo que a su vez ha alimentado la desconfianza en el sistema judicial. Las declaraciones del diputado Rolando Cuéllar sobre irregularidades durante la votación y las preocupaciones expresadas por la oposición, liderada por Carlos Mesa, sugieren que la elección de Mariaca es más que un simple cambio administrativo; es un reflejo de las luchas de poder que sacuden al país y que tienen el potencial de afectar la gobernabilidad y la estabilidad política en el futuro.

En este sentido, la elección del nuevo fiscal se presenta como un punto crucial en la coyuntura política boliviana. Las expectativas sobre el desempeño de Mariaca como Fiscal General son altas, especialmente en un contexto donde la justicia ha sido objeto de cuestionamientos y críticas. La manera en que abordará su gestión, especialmente frente a las acusaciones de politicismo y corrupción, será determinante no solo para su mandato, sino también para la confianza del pueblo en un sistema que, por mucho tiempo, ha estado marcado por la inestabilidad y la desconfianza.

1. EL ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA

El 3 de julio de 2024, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia anunció formalmente la convocatoria para la elección del nuevo Fiscal General del Estado. Este proceso, que se realiza cada seis años, atrae inmediatamente la atención de diversos sectores políticos y de la sociedad civil. Durante el anuncio, la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Derechos Humanos y Defensa Legal del Estado, Silvia Salame, destacó la importancia de que el nuevo fiscal fuera una figura independiente y comprometida con la lucha contra la corrupción. “El proceso será transparente y con el único fin de fortalecer el sistema judicial en el país”, aseguró Salame en una entrevista concedida a medios locales.

Una de las primeras reacciones fue la del líder de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), Andrónico Rodríguez, quien señaló que el nuevo fiscal debía garantizar la estabilidad del país y una correcta administración de justicia. “El país necesita un fiscal que no sea utilizado como un instrumento político, sino que defienda los intereses de todos los bolivianos”, afirmó Rodríguez el 5 de julio, durante una conferencia de prensa en el Senado. Sin embargo, varios analistas comenzaron a cuestionar si el MAS realmente respetaría el principio de imparcialidad, considerando que en procesos anteriores habían predominado las tensiones políticas.

La convocatoria establecía que los interesados ​​en postular al cargo tenían hasta el 31 de julio para presentar su documentación ante la Comisión Mixta. En una entrevista con Página Siete , la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, expresó su preocupación por la posible influencia del gobierno en el proceso: “Debemos estar vigilantes, este es un puesto clave y la justicia no puede seguir siendo manipulada por el poder ejecutivo”. Nayar pidió a la sociedad civil estar atenta y exigir transparencia.

La primera fase del proceso, que se cerró el 31 de julio, concluyó con la inscripción de 43 postulantes, un número menor al esperado, lo que generó críticas por parte de algunos sectores que consideraron que el proceso no había sido suficientemente promocionado ni accesible. Para muchos, la elección del Fiscal General es un tema de alta relevancia en un contexto donde la administración de justicia en Bolivia ha sido criticada por su falta de independencia, y donde los casos de corrupción y abuso de poder continúan siendo temas sensibles para la población.

2. LA POLÉMICA DE LOS POSTULANTES

El 1 de agosto de 2024, la Asamblea Legislativa Plurinacional publicó la lista oficial de los 43 candidatos que se postularon para el cargo de Fiscal General. Sin embargo, la publicación desató una ola de críticas y controversias. Diversas figuras políticas y sectores de la sociedad comenzaron a señalar que muchos de los aspirantes tenían vínculos estrechos con el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS). El líder de la oposición y ex presidente, Carlos Mesa, expresó su preocupación en una entrevista con Unitel el 2 de agosto, donde dijo: “El proceso está claramente inclinado hacia un resultado favorable al MAS. La independencia judicial está en riesgo si permitimos que se nombre a una persona afín al partido del gobierno”.

A medida que los medios de comunicación comenzaron a analizar los perfiles de los postulantes, se reveló que varios de ellos habían ocupado cargos en instituciones estatales durante los últimos años, lo que reforzó las acusaciones de parcialidad. El 5 de agosto, el senador por Creemos, Erik Morón, declaró en conferencia de prensa: “Es inaceptable que los candidatos al cargo de Fiscal General tengan antecedentes de trabajo directo con el gobierno. Esto compromete la autoridad del proceso”. Morón también pidió a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales que monitoreen el proceso para evitar un “golpe” a la independencia del sistema judicial.

El 10 de agosto, surgió otra controversia cuando organizaciones de derechos humanos, como el Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), señalaron que algunos postulantes habían estado involucrados en la represión de protestas durante el gobierno de Evo Morales y la presidencia interina de Jeanine. Áñez. Waldo Albarracín, ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y miembro del CONADE, comentó en una entrevista con ERBOL el 12 de agosto: “No podemos permitir que personas con antecedentes de violaciones a los derechos humanos lleguen a este cargo tan importante. Se necesita transparencia y un compromiso claro con la justicia”.

A pesar de las críticas, la Comisión Mixta continuó el proceso de revisión de los postulantes, defendiendo que todos los candidatos estaban siendo evaluados con base en sus méritos y trayectoria profesional. El 20 de agosto, Silvia Salame, presidenta de la comisión, declaró a los medios: “Estamos siguiendo un proceso riguroso. No hay ninguna interferencia política en la evaluación de los postulantes”. Sin embargo, las dudas persistieron, y la credibilidad del proceso quedó en entredicho, especialmente entre los partidos de oposición y la sociedad civil, que seguían exigiendo mayor transparencia.

3. EL FILTRO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Durante todo el mes de septiembre de 2024, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Derechos Humanos y Defensa Legal de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue el escenario donde se evaluaron los méritos de los 43 postulantes al cargo de Fiscal General. Los legisladores revisan los antecedentes académicos, profesionales y éticos de cada uno de los candidatos, en un proceso que generó controversias desde el inicio. El 5 de septiembre, Silvia Salame, presidenta de la comisión, afirmó en conferencia de prensa: “Estamos llevando a cabo un análisis técnico y riguroso. Cada candidato está siendo evaluado bajo estrictos criterios de idoneidad y trayectoria profesional”. A pesar de estas afirmaciones, la oposición y algunos medios señalaron que ciertos candidatos vinculados al MAS estaban siendo favorecidos.

El 10 de septiembre, se llevó a cabo la primera fase de deliberaciones, en la que se descartaron a 15 de los 43 postulantes por no cumplir con los requisitos técnicos establecidos. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de críticas. La diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana, manifestó su preocupación en una entrevista con ERBOL : “Muchos de los candidatos que quedaron en la lista están claramente alineados con el gobierno. No vemos imparcialidad en este proceso”. En respuesta, legisladores del MAS, como Gualberto Arispe , defendieron las decisiones de la comisión, señalando que “el proceso está siguiendo los procedimientos establecidos por la Constitución y la Ley del Ministerio Público”. Arispe agregó el 12 de septiembre en Red Uno : “El objetivo es encontrar a la persona más capaz, sin que las presiones políticas interfieran”.

El 18 de septiembre se celebró una segunda ronda de evaluaciones, donde la Comisión Mixta presentó un informe preliminar con los nombres de los 28 candidatos que pasaron a la siguiente fase. En este informe se destacó que las evaluaciones se basaron en criterios como la experiencia en el Ministerio Público, la formación en derecho penal y los antecedentes en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, medios como Página Siete y Los Tiempos informaron que varios candidatos cuestionados por su cercanía al partido gobernante siguieron en la contienda, lo que aumentó la desconfianza entre la población y los partidos de oposición. Carlos Alarcón , jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, señaló el 20 de septiembre en Unitel : “Es evidente que se está favoreciendo a quienes tienen vínculos con el MAS. Esto afecta gravemente la transparencia del proceso”.

El 25 de septiembre, los legisladores entraron en la fase final de deliberaciones, que culminó con la presentación de una lista de finalistas para la votación en el pleno de la Asamblea Legislativa. Durante esta etapa, la tensión aumentó entre los partidos políticos. Erik Morón , senador de Creemos, denunció públicamente en ATB el 27 de septiembre: “No podemos confiar en un proceso que parece inclinado hacia los intereses del gobierno. Estamos cómo viendo la justicia sigue siendo controlada por el poder político”. A pesar de estas denuncias, la Comisión Mixta presentó un informe final el 30 de septiembre, con los nombres de los finalistas que serían sometidos a votación en octubre. La lista generó aún más controversia, ya que algunos de los candidatos más cuestionados por su cercanía con el gobierno seguían en competencia, lo que dejó el panorama político más tenso de cara a la votación final en la Asamblea.

4. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A medida que avanzaba el proceso de selección, la presión desde la sociedad civil y los medios de comunicación fue en aumento. Organizaciones como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) y la Asociación Nacional de Abogados de Bolivia empezaron a exigir un proceso más transparente, alertando sobre los peligros de una elección parcializada. El 25 de septiembre de 2024, en una conferencia de prensa, Waldo Albarracín, ex defensor del pueblo y figura destacada de CONADE, expresó su preocupación: “La justicia en Bolivia no puede ser un brazo del poder político. La sociedad civil está pidiendo garantías de un proceso limpio, donde se respete la independencia del Ministerio Público”. Sus palabras resonaron en diversos sectores, y comenzaron a surgir vigilias y protestas pacíficas en varias ciudades del país.

Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en visibilizar las preocupaciones de la población. A lo largo de septiembre, tanto medios tradicionales como digitales dedicaron espacios para discutir la importancia de la elección del Fiscal General y su impacto en el futuro del país. Programas de análisis político en canales como Bolivisión y ATB abrieron el micrófono a expertos en derecho y política para analizar el perfil de los candidatos. El 28 de septiembre, en una entrevista con Bolivisión , el periodista y analista político Carlos Valverde comentó: “Es vital que la ciudadanía entienda que el Fiscal General no solo tiene un rol técnico. Su independencia es crucial para garantizar que no haya persecuciones políticas y que los casos más importantes se manejen de forma justa”.

Por otro lado, periodistas de investigación como Isabel Mercado , de Página Siete , profundizaron en los antecedentes de los postulantes, revelando posibles conflictos de interés. En un artículo publicado el 30 de septiembre, Mercado destacó que al menos cinco candidatos tenían vínculos directos con figuras clave del gobierno actual, lo que generó una mayor desconfianza en el proceso. En la misma nota, Mercado citó a Roberto Laserna , economista y analista político, quien advirtió: “Si seguimos viendo que el MAS controla el sistema judicial, los ciudadanos perderán toda esperanza en la justicia. Es un golpe fuerte para la democracia”.

La presión de los medios y las organizaciones civiles llevó a que se realizaran audiencias públicas donde los candidatos fueron interrogados por su independencia y su visión del Ministerio Público. Sin embargo, estas audiencias, celebradas a inicios de octubre, no lograron apaciguar las críticas. Muchos de los asistentes a las audiencias y analistas políticos argumentaron que los candidatos más cercanos al oficialismo fueron tratados con menor rigor en comparación con aquellos que mostraban posiciones más neutrales o críticas. Luisa Nayar , diputada de Comunidad Ciudadana, expresó su frustración durante una entrevista con ERBOL el 5 de octubre: “Las audiencias no han sido más que un show mediático. No se está evaluando realmente la idoneidad de los postulantes. Esto es una simulación de democracia”.

5. LA ETAPA FINAL: LA VOTACIÓN Y LAS CRÍTICAS

La elección del nuevo Fiscal General de Bolivia, que tuvo lugar el 21 de octubre de 2024, culminó con la selección de Roger Mariaca Montenegro . Este proceso se desarrolló en un ambiente de controversia y tensiones políticas, y fue marcado por una primera ronda de votación que no logró los dos tercios necesarios para elegir a un candidato. Los finalistas de la elección fueron Roger Mariaca y Milton Montellano .

Durante la votación, Mariaca recibió 83 votos a favor, lo que le permitió alcanzar la mayoría necesaria en la segunda vuelta y ser designada oficialmente como Fiscal General. Su rival, Milton Montellano, obtuvo 39 votos . A pesar de la presión que rodeó la elección, Mariaca finalmente se convirtió en el sucesor de Juan Lanchipa , cuyo mandato finalizaba el 23 de octubre de 2024.

La jornada electoral comenzó a las 15:00 horas y estuvo marcada por la tensión entre los miembros de la bancada oficialista. Durante las deliberaciones, el diputado Rolando Cuéllar acusó a sus colegas de manipular el proceso y favorecer a Mariaca, alegando que algunos de ellos buscaban obtener beneficios personales a través de esta elección. Cuéllar subrayó que había indicios de corrupción en la forma en que se había llevado a cabo la calificación de los postulantes, lo que generó un intenso debate entre los diputados del MAS.

Después de la elección, el presidente de la ALP, David Choquehuanca, felicitó a Mariaca, enfatizando la necesidad de una Fiscalía que priorice la justicia y la independencia judicial. Sin embargo, figuras de la oposición, como Carlos Mesa, expresaron su preocupación respecto a la elección, advirtiendo que la designación de Mariaca podría representar un paso hacia la politización de la Fiscalía, lo que podría afectar la credibilidad del sistema judicial en Bolivia.

Con este panorama, el mandato de Roger Mariaca inicia en un contexto de desconfianza y críticas, donde su capacidad para garantizar la independencia del Ministerio Público será objeto de escrutinio en el futuro inmediato.

6. REACCIONES POSTELECTORALES

El proceso de elección de Roger Mariaca como Fiscal General del Estado generó una serie de reacciones y declaraciones significativas por parte de figuras políticas y sectores de la sociedad. Entre las declaraciones más destacadas, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca , expresó su satisfacción por la elección de Mariaca, señalando que su nombramiento es un paso hacia una Fiscalía más comprometida con la justicia. Choquehuanca enfatizó que el nuevo fiscal debe trabajar para restaurar la confianza del pueblo en el sistema judicial, una tarea que considera crucial dado el contexto de desconfianza hacia las instituciones en Bolivia.

Por otro lado, las voces críticas no tardaron en alzarse. Carlos Mesa , líder de la oposición y expresidente, manifestó su preocupación sobre la independencia del nuevo fiscal. Mesa advirtió que la elección de Mariaca podría acentuar la politización del Ministerio Público, cuestionando si realmente podrá ejercer su función de manera imparcial. Esta postura fue respaldada por otros miembros de la oposición, quienes argumentaron que la forma en que se llevó a cabo la elección no garantizaba la objetividad necesaria para el cargo.

La situación se complicó aún más con las acusaciones internas dentro de la bancada oficialista. El diputado Rolando Cuéllar denunció que varios de sus colegas estaban involucrados en prácticas corruptas y favoreciendo a Mariaca debido a relaciones personales, lo que generó fricciones dentro del MAS. Cuéllar destacó la importancia de una Fiscalía independiente y afirmó que la manipulación de la elección debilitaría aún más la imagen del Ministerio Público ante la ciudadanía.

Finalmente, el nuevo fiscal, Roger Mariaca, en sus primeras declaraciones tras ser electo, se comprometió a trabajar para recuperar la confianza del pueblo en la justicia. Aseguró que su gestión estaría marcada por la transparencia y la lucha contra la corrupción, resaltando la importancia de un Ministerio Público que actúa con independencia y profesionalismo. Sin embargo, estas promesas deberán ser respaldadas por concretas, dado el escepticismo que rodea su nombramiento acciones, reflejado en las críticas de la oposición y las tensiones dentro de su propio partido.

7. REFLEXIONES FINALES

La elección de Roger Mariaca como nuevo Fiscal General del Estado el 21 de octubre de 2024 refleja un escenario político complejo y tenso en Bolivia. Este proceso no solo estuvo marcado por las disputas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), sino que también se inscribe en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones judiciales, exacerbada por la politización del sistema. La designación de Mariaca ha suscitado temores en la oposición sobre la independencia de la Fiscalía, lo que plantea serias preguntas sobre la capacidad de este organismo para actuar como un verdadero baluarte de la justicia en el país.

Las acusaciones de irregularidades durante el proceso de elección, especialmente las que provienen del diputado Rolando Cuéllar, indican una fractura dentro del MAS. Cuéllar denunció que el proceso estuvo plagado de manipulaciones y favoritismos, lo que sugiere que las luchas internas por el control de las instituciones están afectando la autoridad de la administración pública. La situación es aún más preocupante considerando que la Fiscalía debería ser un ente autónomo que garantice la justicia y no un instrumento al servicio de intereses políticos. Esta percepción se ve reforzada por las declaraciones de Carlos Mesa, quien argumenta que la elección de Mariaca puede llevar a una mayor politización del sistema judicial, comprometiendo su independencia.

La coyuntura política también se ve afectada por el contexto social en el que se desarrolla este proceso. Bolivia ha sido escenario de diversas movilizaciones y protestas en los últimos años, y la desconfianza hacia las instituciones se ha incrementado. En este sentido, la elección de un fiscal en un ambiente de polarización política y acusación de corrupción puede intensificar las tensiones sociales. La oposición, en especial, está utilizando esta situación para cuestionar la legitimidad del gobierno actual, alimentando un discurso que resuena con un electorado que se siente frustrado y decepcionado por el estado de la justicia en el país.

La elección de Roger Mariaca como Fiscal General del Estado no solo es un acontecimiento relevante en el ámbito jurídico, sino que también es un reflejo de la crisis política que atraviesa Bolivia. Las dinámicas de poder dentro del MAS, sumadas a la percepción de un sistema judicial politizado, plantean serios desafíos para la gobernabilidad y la confianza pública. En este sentido, la capacidad de Mariaca para cumplir con sus promesas de independencia y transparencia será crucial no solo para su mandato, sino también para la estabilidad política del país en los próximos años.