Bolivia Dijo No a la Pena de Muerte: ¿Un Triunfo para los Derechos Humanos o una Amenaza para la Justicia?

Por: Aline Mamani/Fernando Villalobos

La pena de muerte es uno de los temas más controvertidos en el ámbito de los derechos humanos y la justicia penal. A lo largo de la historia, ha sido aplicada como una forma de castigo supremo para los delitos más graves. Sin embargo, en las últimas décadas, muchos países han abolido la pena de muerte en favor de alternativas que se consideran más humanas y justas. Bolivia es uno de esos países. Este análisis explora las razones detrás de la abolición de la pena de muerte en el Estado Plurinacional de Bolivia y los factores sociales, culturales y jurídicos que influyen en esta decisión.

La pena de muerte en Bolivia tiene una historia que se remonta a los tiempos coloniales, cuando se aplicaba como castigo por una variedad de delitos. Sin embargo, su uso se fue restringiendo progresivamente a lo largo de los siglos. La última ejecución oficial en Bolivia tuvo lugar en 1973, durante el régimen militar de Hugo Banzer, por delitos de asesinato y violación.

En 1997, Bolivia abolió la pena de muerte para delitos comunes, alineándose con una tendencia global hacia la abolición de este tipo de castigo. La abolición completa de la pena de muerte en Bolivia se formalizó en 2009, cuando el país ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que busca la eliminación total de la pena capital.

La abolición de la pena de muerte en Bolivia está en línea con un compromiso firme con los derechos humanos y la dignidad humana. La Constitución boliviana, promulgada en 2009, subraya la importancia de estos principios. La Carta Magna establece que "toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física y moral" y prohíbe explícitamente la pena de muerte. Este marco legal refleja un reconocimiento de que la pena capital es incompatible con los valores fundamentales de los derechos humanos.

El principio de no regresividad es otro factor clave en la abolición de la pena de muerte en Bolivia. Este principio, que es parte de la jurisprudencia internacional de derechos humanos, establece que, una vez alcanzado un nivel de protección de los derechos humanos, no se debe retroceder. La adhesión de Bolivia a este principio se refleja en su legislación y en su compromiso de no reintroducir la pena de muerte bajo ninguna circunstancia.

La posibilidad de errores judiciales es una preocupación significativa en el debate sobre la pena de muerte. Los sistemas judiciales no son infalibles, y la ejecución de una persona inocente es una tragedia irremediable. En Bolivia, como en muchos otros países, ha habido casos de condenas erróneas que subrayan la falibilidad del sistema judicial. La abolición de la pena de muerte es vista como una medida para prevenir injusticias irreparables. Aun así, existen países que aun aplican la pena de muerte en sus dominios como ser:

China: La pena de muerte en China se aplica para una amplia gama de delitos, incluyendo asesinato, tráfico de drogas, corrupción y delitos económicos. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante fusilamiento o inyección letal.

Irán: En Irán, la pena de muerte se aplica para delitos como asesinato, violación, tráfico de drogas y delitos contra la seguridad del Estado. Las ejecuciones se realizan principalmente por ahorcamiento.

Arabia Saudita: La pena de muerte en Arabia Saudita se aplica para delitos como asesinato, violación, tráfico de drogas, robo a mano armada, apostasía y brujería. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante decapitación o fusilamiento.

Estados Unidos: La pena de muerte es legal en 27 estados y a nivel federal. Se aplica principalmente para homicidios agravados. Los métodos de ejecución incluyen inyección letal, silla eléctrica, gas letal, ahorcamiento y fusilamiento.

Egipto: La pena de muerte en Egipto se aplica para delitos como asesinato, terrorismo, tráfico de drogas y delitos contra la seguridad del Estado. Las ejecuciones se realizan mediante ahorcamiento.

Vietnam: La pena de muerte en Vietnam se aplica para delitos como asesinato, tráfico de drogas, corrupción y delitos económicos. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante inyección letal.

Yemen: En Yemen, la pena de muerte se aplica para delitos como asesinato, terrorismo y delitos contra la seguridad del Estado. Las ejecuciones se realizan principalmente por fusilamiento

Así sabiendo el contexto y motivos la abolición de la pena de muerte en Bolivia y conociendo que algunos países aún siguen aplicando esta condena máxima en la sociedad boliviana ha sido recibida de manera mixta. Organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas han aplaudido la medida como un avance significativo en la protección de los derechos humanos. Sin embargo, algunas voces en la sociedad boliviana han expresado su deseo de restablecer la pena de muerte, particularmente en casos de delitos graves como el feminicidio y el infanticidio. A pesar de estas opiniones, el gobierno boliviano y la mayoría de los expertos consideran que la pena de muerte no tiene cabida en una sociedad que valora la dignidad humana y la justicia.

Se hizo la siguiente pregunta a la comunidad universitaria para que den su opinión acerca del tema y esto fue lo que respondieron:

¿Si existiría la pena de muerte que crímenes deberían merecer la pena de muerte?

“Para eso tendríamos que cambiar la constitución política del estado porque ahí, su primer derecho es que protege la vida. Los tratados internacionales también son un frena, protegen más la vida, ejemplo, si hay un terrorista pone una bomba en la universidad, podemos torturarlo no, porque se le estaría vulnerando su derecho a la vida, pero estaría en riesgo la vida de mil estudiantes se contradice” opina Elías Calcina, estudiante de la carrera de derecho en la UPEA)

“Modificando la constitución, sería la reincidencia de asesinato, la reincidencia en los delitos de violación, la reincidencia los delitos de feminicidio. Aquella persona que quita a la otra y vuelve a reincidir, debería sufrir la pena de muerte. Estoy convencido de que debería existir la pena de muerte, como el último caso, de la estudiante normalista, su pajera le entro al aula y le propino casi 18 puñaladas. Nosotros como sociedad le delegamos al Estado para que nos proteja, tiene que protegernos el estado está fallando. Poder caminar por la ceja a los 2 de la mañana sin pensar que pueden hasta quitarte le vida por un celular” argumenta Jaime Sábalo Chávez abogado, docente, en las materias de derecho civil, derecho procesal civil de la UPEA.

“Para los reincidentes en los diferentes delitos graves, también para políticos corruptos porque roban el dinero del pueblo, entran a la cárcel y cuando salen viven como reyes” molesto, comenta Javier Gómez estudiante de la carrera de derecho de la UPEA

“Nuestra legislación tiene una pena de 30 años sin derecho a indulto, esta nuestra realidad. En mi posición no debería existir la pena de muerte.” Sostiene el director del instituto de investigación de la carrera de derecho de la UPEA, Ángel Loquendo Osco.

El docente de la carrera de derecho Gualberto Cusi opina que “En algunos casos, como la corrupción o asesinato si debería aplicar la pena de muerte, sin embargo, otra salida seria aumentar más años en la cárcel no solo treinta si no mucho más en reincidentes de delitos”

El abogado Marcelino R. Espinal nos dice que “Por convicción no es correcto ojo por ojo y diente por diente, existe de la rehabilitación personal, deberían dar apoyo psicológico a personas que fueron privadas de libertad para que cuando sean restablecidos en la sociedad sean personas de bien, pero el Estado los recluye y los encierran no les da ese apoyo, yo creo que quien está fallando es el Estado”.

Tenemos una población dividida, existen algunos que apoyarían la pena de muerte mientras que otros lo rechazan rotundamente, esto se debe a varios aspectos como ser la cultura y las tradiciones. En Bolivia, un país con una rica herencia cultural y un fuerte sentido de comunidad, la noción de justicia va más allá del castigo severo. Las prácticas tradicionales de resolución de conflictos, que incluyen la mediación y la reparación, reflejan un enfoque más holístico y comunitario de la justicia. Este enfoque culturalmente arraigado se alinea con la abolición de la pena de muerte y la promoción de alternativas más humanas y restaurativas.

Desafíos y Controversias

Delitos Graves y Opinión Pública

Uno de los desafíos más significativos en el debate sobre la pena de muerte es la percepción pública de que es necesaria para castigar y disuadir los delitos graves. En Bolivia, los casos de feminicidio e infanticidio han generado un clamor público por penas más severas. Sin embargo, los expertos en derechos humanos argumentan que la pena de muerte no es un disuasivo efectivo y que existen alternativas más justas y humanas para abordar estos delitos.

Equidad y Justicia Social

La abolición de la pena de muerte también está ligada a cuestiones de equidad y justicia social. La pena capital a menudo se aplica de manera desproporcionada a los individuos de bajos recursos y a las minorías étnicas y raciales. En Bolivia, un país con una diversidad étnica significativa y una historia de desigualdades sociales, la abolición de la pena de muerte es vista como un paso hacia una justicia más equitativa y accesible para todos.

La abolición de la pena de muerte en Bolivia es un reflejo de un compromiso profundo con los derechos humanos, la dignidad humana y la justicia social. Aunque existen desafíos y controversias en torno a esta decisión, los valores fundamentales de la Constitución boliviana y la jurisprudencia internacional respaldan la eliminación de la pena capital. A través de esta medida, Bolivia se alinea con una tendencia global hacia la humanización de la justicia y la promoción de alternativas más justas y efectivas para abordar el crimen y la violencia.